Octubre 11 de 2016. Prevención de desplazamiento, oferta institucional, promoción y acompañamiento integral fueron algunos de los temas abordados en la quinta sesión de la Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito Capital CIPO.
La problemática social y de orden público que afrontan los departamentos de Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda han provocado el desplazamiento forzado de poblaciones y asentamientos de pueblos indígenas Embera Chamí y Katío a las ciudades capitales como Bogotá. Dicha problemática se evidencia más a finales de año.
Frente a este panorama, en la quinta sesión ordinaria de la CIPO, las autoridades distritales y nacionales acordaron trabajar conjuntamente en la identificación, protección y garantías de los derechos de estas poblaciones en caso de que lleguen masivamente a la capital del país en el próximo mes de diciembre.
La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación y la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno presentaron una ruta de atención para la protección de la población indígena priorizando la primera infancia y adolescencia en condición de vulnerabilidad de la comunidad Embera Chamí y Katío.
“Es muy importante trabajar en conjunto con todas las entidades distritales y nacionales para identificar, proteger y garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, pero especialmente la de los niños y adolescentes que fuera de su entorno son vulnerables a cualquier situación de riesgo”, afirmó María Consuelo Araújo Castro, Secretaria de Integración Social.
Dentro del plan de acción establecido se acordaron cuatro mesas de trabajo enfocados en:
- Prevención de desplazamiento en condiciones de vulnerabilidad.
- Atención en la ciudad y oferta institucional.
- Promoción y acompañamiento al entorno
- Acompañamiento a la integración local de quienes no deseen retornar.
De esta forma, los asistentes del CIPO y las diferentes instituciones de orden distrital y nacional asumieron responsabilidades tiempos de ejecución y seguimiento para garantizar y proteger los derechos y particularidades de la cultura de dichas comunidades indígenas víctimas del desplazamiento.
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