• El decreto 281 del 12 de julio 2022 designa a la Secretaría Distrital de Integración Social como líder en la implementación y en la adopción, junto a las entidades y autoridades del orden distrital con competencia en la prevención de las violencias contra niños, niñas y adolescentes. 

• Esta Ley prohíbe a padres y a quienes ejercen la patria potestad de los niños niñas y adolescentes el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes o cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o disciplina. 

• Todas las acciones deberán estar encaminadas a la crianza y a una educación, fundadas en la parentalidad respetuosa, priorizando las voces de la niñez y la adolescencia.

 

Bogotá, D.C., julio 27 de 2022. La Secretaría Distrital de Integración Social será la encargada en Bogotá de implementar la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradante contra niños, niñas y adolescentes 2022-2030.

De acuerdo con el decreto 281 del 12 de julio 2022, las autoridades distritales con competencia en la prevención de la violencia contra las niños, niñas y adolescencias serán las responsables de adoptar esta estrategia, después de promulgada la Ley 2089 de 2021 que prohibió ejercer castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes a padres y a quienes ejercen la patria potestad de los menores.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministerios y las organizaciones de padres y civiles serán las entidades responsables de la implementación en el país.

Esta estrategia busca transformar imaginarios, creencias y comportamientos que social y culturalmente han sido utilizados para naturalizar, validar y normalizar el castigo físico.

A través de cuatro (4) componentes y 84 acciones pedagógicas, se busca una crianza y una educación, fundadas en la parentalidad respetuosa, priorizando las voces de la niñez y la adolescencia.

 

A quiénes va dirigida

Esta Ley va dirigida a padres, madres, educadores u otras personas a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes que con la “intención” o “justificación” de corregir ejercen castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes. 

La norma define castigo físico como la utilización de la fuerza para causar dolor físico; mientras que tratos crueles, humillantes o degradantes como las acciones que hieren la dignidad de NNA, los menosprecie, los degrade, los estigmatice o los amenace de manera cruel.

 

Su implementación

El primer componente de gestión del conocimiento y sus 15 acciones están orientadas a cualificar y mejorar el proceso de toma de decisiones, mientras que, el segundo, sobre fortalecimiento de capacidades individuales, familiares, sociales e institucionales plantea 31 acciones para la promoción de una vida libre de violencias.

El tercero le apunta a la participación para el cambio social y cultural e integra 17 acciones que cualifican la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos activos de derechos en la promoción de una vida libre de violencias.

Finalmente, el cuarto, sobre incidencia social con 21 acciones, desarrolla estrategias de movilización social, como campañas de información que vinculen a todos los actores de la sociedad para generar transformaciones sociales y cultura.

 

Factores asociados

Se identifican factores desencadenantes en padres, madres y cuidadores de creencias y actitudes a favor del uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes, percepciones que legitiman la violencia en la crianza, consumo social problemático de sustancias psicoactivas, como alcohol y drogas, y la inadecuada de emociones de sus emociones.

Además, la violencia intrafamiliar, relaciones desiguales de género en el hogar, falta de reconocimiento de las NNA como sujetos de derechos, vínculos emocionales débiles con madres, padres o cuidadores, ruptura familiar traumática, conflictos familiares resueltos inadecuadamente, falta o debilidad de redes de apoyo familiar y carencia de habilidades para el diálogo intergeneracional orientadas a establecer relaciones confiables, democráticas y solidarias.

Finalmente, existen pautas de crianza inadecuadas y violentas que se replican al ejercer el rol de madres, padres y cuidadores en entornos públicos y comunitarios, y un mayor riesgo de vinculación de menores a grupos armados, negocios ilícitos, bandas juveniles y tráfico de drogas ilícitas, matrimonio infantil y uniones tempranas y aumento de embarazos no deseados a tempranas edades.