Compras públicas a pequeños productores locales, de agricultura campesina, familiar y comunitaria deberán ser prioridad para entidades nacionales y de Bogotá

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Bogotá D.C., 16 de marzo de 2022. Buscar la forma de generar desarrollo en las regiones del país que, sin duda es competencia del estado y de la ciudadanía en su conjunto, debe ser una de las prioridades de la agenda de las entidades nacionales y distritales, a través de las compras públicas locales. 

Esta fue una de las conclusiones a que se llegó en el foro  de compras públicas, en el que se hicieron reflexiones sobre los mecanismos que promueven la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos, tal como lo señala la Ley 2046 de 2020 y como una inminente necesidad en pospandemia, tiempo en que la dinámica del mercado y las cifras de comercialización de productos agrícolas y pecuarios han venido cambiando. 

Al hacer la apertura de este evento, Marcos Fazzone, especialista senior en desarrollo rural de la FAO señaló que “son más 2.6 billones de pesos que se destinan a las compras públicas en Colombia y, después de la pandemia, esta viene en ascenso”, tras indicar que este ejercicio es uno de los procesos más importantes para la agricultura familiar campesina, porque contribuye a la inclusión, a la reducción de pobreza y a la seguridad alimentaria en los territorios. 

Añadió que las compras públicas locales es una estrategia de fortalecimiento a los productores rurales y urbanos, por cuanto se trata de una articulación institucional para promover la participación de pequeños productores de alimentos en el abastecimiento de los servicios alimentarios, operados por las diferentes entidades del distrito con recursos públicos. 

Por su parte, Zolanlly Munévar Rodríguez, asesora de despacho de la Secretaría de Integración Social, precisó: “La entidad ha sido pionera en el tema de compras públicas, debido a que durante la pandemia se agregó una cláusula a los anexos técnicos de comedores comunitarios que precisa la compra de un 10% de insumos a asociaciones campesinas y a asociaciones agrofamiliares. Para el año 2020, la cifra de compras públicas locales que se realizó ascendió a 2.500 millones de pesos invertidos para abastecer el servicio de comedores comunitarios”.

 

 

Para la Secretaría de Integración Social este foro se convierte en un foco importante de atención y reflexión, debido a que desde la entidad se formulan políticas públicas poblacionales, orientadas al ejercicio de derechos, se ofrecen servicios sociales y se promueve, de forma articulada, la inclusión social. 

Ricardo Agudelo, gerente de la Región Administrativa de Planeación Especial para la Región Central (RAPE), afirmó que “La RAPE tiene un gran propósito y un gran reto que consiste en articular los 5 departamentos y a Bogotá en un plan de abastecimiento alimentario que ha construido, es decir, queremos organizar la producción y los canales de comercialización para los productores en Boyacá, Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima y Bogotá”. 

Precisó que hay un reto de seguridad alimentaria por superar, garantizando el pago justo a los campesinos por su producción. 

El foro dejó como mensaje la necesidad de continuar con este tipo de ejercicios participativos que se convierten en escenarios importantes para reflexionar y dar a conocer el trabajo constante de las entidades nacionales y del Distrito y su articulación en el proceso de las compras públicas locales que favorecen a los pequeños productores. 

De igual manera, se hizo un llamado a la ciudadanía para que realicen sus compras en las plazas públicas y en los mercados locales que se convierte en una estrategia para potenciar la economía local del país y apoyar a las familias agro productoras.