Bogotá, D.C., diciembre 2 de 2025. La Secretaría Distrital de Integración Social informa que una ciudadana adelantó una manifestación frente a la Casa de Justicia de San Cristóbal, lugar donde opera la Comisaría de Familia San Cristóbal 2.
La persona expresa su desacuerdo con una medida de protección provisional que otorgó la custodia temporal de sus hijos a una tía paterna, decisión adoptada por la autoridad competente debido a la identificación de riesgos asociados a presuntos hechos de maltrato por parte de ambos progenitores.
La ciudadana radicó una solicitud ante la Comisaría con el fin de solicitar la modificación de la medida adoptada. Posteriormente, procedió a encadenarse a la reja de la Casa de Justicia, manifestando que no se retiraría hasta obtener una respuesta inmediata que revirtiera la decisión, pese a que este tipo de determinaciones solo pueden ser modificadas mediante los mecanismos jurídicos establecidos.
Integración Social y otras entidades distritales hicieron presencia en el lugar para garantizar el funcionamiento del servicio y orientar dentro del marco de sus competencias:
• Secretaría de Integración Social: orientó a la ciudadana sobre los procedimientos formales para controvertir la decisión y la ruta adecuada para presentar solicitudes con el incumplimiento de medidas de protección.
• Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia: intervinieron con el fin de garantizar el acceso a las instalaciones públicas y evitar la obstrucción del ingreso. No obstante, la ciudadana persistió en mantener cadenas y candado para impedir la movilidad.
• Personería Local: realizó acompañamiento y asesoría para el trámite adecuado de sus reclamaciones; sin embargo, la ciudadana rechazó dicha orientación, tal como quedó consignado en acta.
• Secretaría Distrital de Salud: a través de un equipo de salud mental y una ambulancia, ofreció atención inmediata y programó una cita para valoración en el Hospital La Victoria, la cual fue rechazada por la ciudadana, pese a la insistencia del equipo médico.
La Secretaría Distrital de Integración Social reitera que las Comisarías de Familia, en ejercicio de la función jurisdiccional conferida por la Ley 2126 de 2021, adoptan sus decisiones de manera autónoma, con fundamento en criterios técnicos, jurídicos y en el principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Como autoridad con función jurisdiccional, sus decisiones no pueden ser modificadas a través de vías de hecho, plantones o manifestaciones públicas, ya que el ordenamiento jurídico colombiano establece recursos administrativos y acciones judiciales como los mecanismos idóneos, legítimos y exclusivos para controvertir o solicitar la modificación de una medida de protección.
Asimismo, Integración Social recuerda que, conforme al debido proceso, las controversias sobre custodia, medidas de protección o valoración de riesgo deben tramitarse por los canales institucionales, garantizando la imparcialidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los menores de edad involucrados.
La entidad reconoce y respeta la protesta pacífica como derecho constitucional; sin embargo, este no habilita a sustituir o coartar la independencia funcional de la autoridad comisarial, ni a impedir el normal funcionamiento de los servicios de acceso a la justicia familiar.
Integración Social puso en conocimiento de la Personería delegada para la familia y sujetos de especial protección constitucional los hechos aquí descritos, para que, a través de los agentes del Ministerio Público delegados para asuntos de familia a la Comisaría de Familia de San Cristóbal, realicen las verificaciones correspondientes y se adopten las acciones que consideren pertinentes para la garantía de los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, especialmente de los niños, niñas y adolescentes involucrados.
Finalmente, Integración Social continuará con el acompañamiento técnico pertinente, velando porque todas las actuaciones se desarrollen conforme a la normativa vigente y bajo el marco de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quienes son sujetos de especial protección constitucional y cuyo interés superior orienta todas las decisiones de las Comisarías de Familia.
