• Algunas personas de la comunidad Emberá impidieron el ingreso del equipo del Puesto de Mando Unificado (PMU), entre el 5 y el 7 de abril, en los alojamientos de La Florida y La Rioja, afectando la prestación de los servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Bogotá, D.C., abril 7 de 2025. El Distrito Capital informa a la opinión pública sobre los hechos ocurridos en los alojamientos temporales ubicados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida y la UPI La Rioja durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2025.
En estas fechas se presentaron situaciones que afectaron gravemente el acceso y la prestación de los servicios sociales por parte de las entidades distritales, comprometiendo de manera directa la atención a la población, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Estas situaciones podrían constituir una vulneración de sus derechos fundamentales.
Desde el 5 de abril, en el alojamiento temporal de la UPI La Florida, algunos voceros de la comunidad Emberá han restringido el ingreso del equipo profesional del Puesto de Mando Unificado (PMU), incluidos los funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Esta obstrucción se dio en el marco de exigencias relacionadas con ayudas humanitarias por parte de la Unidad para las Víctimas (UARIV), rutas de transporte y la instalación de una mesa de diálogo con presencia de autoridades distritales de alto nivel.
El 7 de abril, si bien se permitió el ingreso parcial de algunas entidades, persistieron restricciones que impidieron el desarrollo normal de las actividades, especialmente aquellas dirigidas a la atención de niños y niñas, como el servicio Atrapasueños y los jardines infantiles. Hasta la fecha, el equipo del PMU no ha podido restablecer sus labores ni adelantar los recorridos de acompañamiento a la comunidad.
Son alrededor de 500 niños y niñas los que se benefician de la oferta de la Secretaría de Educación. A pesar de los esfuerzos institucionales, y aunque algunas familias manifestaron su disposición para enviar a sus hijos e hijas, los voceros impidieron la movilización del resto, afectando su acceso al derecho fundamental a la educación.
Durante este mismo fin de semana, el espacio pedagógico Casa de Memoria y Lúdica Jibuzu, ubicado en la UPI La Florida, fue saqueado y vandalizado, presuntamente por integrantes de la comunidad Emberá. Al ingresar el 7 de abril, el equipo encontró material pedagógico destruido, consumo no autorizado de refrigerios, daños con aerosoles en pisos y paredes, y el hurto de elementos como un parlante, cargadores, pañales, libros, ropa y cojines. El ingreso se dio tras forzar una ventana del segundo piso, situación que ya había sido advertida desde el mes de marzo.
Adicionalmente, en la UPI La Rioja se han presentado obstáculos reiterados que han dificultado la labor institucional, sumados a tratos hostiles hacia los funcionarios. El sábado 5 de abril, los voceros de la comunidad informaron que el lunes 7 de abril no se permitiría el ingreso de ninguna institución. Por esta razón, se llevó a cabo una reunión con la participación del secretario de Integración Social, Roberto Angulo; la consejera de Paz del Distrito, Isabelita Mercado; y directivos de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno. A la fecha, se han registrado cinco bloqueos a la prestación de servicios por parte de entidades distritales y nacionales en La Rioja, situación que resulta de suma preocupación para la administración distrital.
El Distrito ha sido enfático en reiterar que la atención a niños, niñas y adolescentes es una prioridad. El derecho a la educación es irrenunciable y debe ser garantizado de manera continua e integral. La garantía de sus derechos no puede estar sujeta a bloqueos, restricciones o decisiones de facto por parte de voceros individuales. Las entidades distritales han mantenido su compromiso con los acuerdos establecidos; sin embargo, algunos miembros de la comunidad han incumplido compromisos y han obstaculizado la prestación de servicios fundamentales por parte de la SDIS, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.
Reiteramos que Bogotá está comprometida con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y no tolerará ningún tipo de obstrucción a la prestación de servicios ni amenazas o agresiones contra los funcionarios públicos. Toda conducta que vulnere los derechos fundamentales de esta población, o que ponga en riesgo la integridad del personal institucional, será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
El Distrito rechaza este tipo de actuaciones y hace un llamado a la comunidad a respetar y cuidar los espacios comunes e institucionales, así como a cumplir los mínimos de convivencia previamente acordados entre las entidades y la comunidad. Mantenemos nuestro compromiso con el acompañamiento continuo a la población en proceso de retorno, reubicación o integración local, siempre con un enfoque de derechos y con especial atención a la infancia.
