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Integración Social denuncia un caso de violencia y otro de presunto abuso sexual a jóvenes Emberá

upi la florida

 

Bogotá, D.C., diciembre 2 de 2024. La Secretaría de Integración Social comunica a la opinión pública un nuevo caso de violencia y vulneración de derechos de una joven perteneciente al pueblo Emberá.

El caso corresponde a una adolescente de 16 años que reside en la UPI La Rioja, pero fue castigada y encerrada en un espacio de la infraestructura en la UPI La Florida por parte de esta comunidad y su familia.

La Secretaría de Integración social, luego de ser alertada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) interinstitucional de la Florida, puso en conocimiento de la Comisaría de Familia de Funza esta situación de violencia y vulneración de derechos por competencia territorial, ya que la UPI La Florida se encuentra ubicada en el municipio de Funza – Cundinamarca y no cuenta con defensor de familia, asumiendo el comisario las funciones propias por subsidiariedad.

foto de niños y niñas

En este contexto, el equipo comisarial de Funza, realizó visita presencial a este lugar para adelantar las acciones correspondientes aunque al llegar la menor ya no se encontraba en la UPI.

Estas acciones se coordinaron por parte de Integración Social, una vez se conoció el caso, sin embargo, se tiene información de que la niña fue trasladada a la UPI La Rioja en horas de la mañana de hoy 2 de diciembre, por lo cual, el caso será atendido directamente por la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el defensor de familia definido por esta.

Denuncia presunto abuso sexual

La entidad tuvo conocimiento de un presunto caso de delito sexual en contra de un menor de edad, perteneciente a la comunidad Emberá, ubicado en la UPI La Florida, el caso pasó a investigación de la Fiscalía General de la Nación y a las 3:45 p.m. de este lunes 2 de diciembre, fue capturado el presunto abusador de la comunidad Katio, por parte de la Fiscalía zonal de Funza. Los delitos por los que se le capturó, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, fue por presunto delito sexual a menor de 14 años.

Durante el proceso de captura, estuvieron presentes dos funcionarias de la Secretaría Distrital de Integración Social, la guardia indígena, el gobernador indígena y la denunciante. Al detenido se le leyeron sus derechos, y aunque manifestó comprender el español, el gobernador indígena realizó traducciones para mayor claridad. Al finalizar el procedimiento, el capturado fue trasladado a la estación de policía del municipio de Funza, donde continuará el proceso legal correspondiente.

Estos nuevos casos son un claro incumplimiento de las disposiciones constitucionales, en favor de niños, niñas y adolescentes, particularmente del artículo 44 con relación al respeto, protección de los derechos de estos, así como de las normas referidas a la prohibición del castigo físico y los tratos crueles y humillantes o degradantes a los niños y las niñas, contenidos en la Ley 2089 de 2021 y en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Así mismo estas situaciones de violencia intrafamiliar y violencia sexual son delitos contempladas en el Código Penal, artículos 209 y 229.

La entidad exhorta a la población Emberá, que hace presencia en la ciudad, para que se abstenga de implementar métodos de castigo físico hacia los niños, niñas y adolescentes, ya que estos métodos, son inadmisibles y no se ajustan a los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional, ya que los predios de la UPI La Florida y La Rioja son bienes fiscales del Distrito por lo que no se cumple el factor territorial para la aplicación de la justicia tradicional indígena. Ahora bien, frente a los casos de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General de la Nación es la competente en la investigación de estos delitos y su proceder ante la justicia ordinaria.

La entidad rechaza estos hechos, reitera que los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de especial protección, prevalecen sobre los derechos de los demás, por lo cual Integración Social continuará denunciando ante la Fiscalía las situaciones de violencia y vulneraciones, en estricta observancia a su competencia y al deber de protegerlos.

 

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