Secretaría Distrital de Integración Social

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Bogotá abre el debate nacional sobre funcionamiento de Sistema de Justicia Familiar

 

En un foro organizado por la Secretaría Distrital de Integración Social, actores institucionales, de la academia y de la sociedad civil coincidieron en la necesidad de un gran debate sobre el acceso a la justicia familiar, la corresponsabilidad del Estado frente a las problemáticas de las violencias intrafamiliares y las oportunidades de mejoras en el Sistema de Justicia Familiar.  

 

Durante 2020, se presentaron 164.000 atenciones en comisarías de familias relacionadas con medidas de protección, de las cuales 28.000 fueron por violencias intrafamiliar y de estas 22.000, es decir un 74%, fueron de violencia contra mujeres. La dependencia económica de las mujeres u la cultura machista las hace mucho más vulnerables.

 

Es necesario las transformaciones en el abordaje de la justicia familiar con énfasis en un enfoque diferencial y de género.

 

Bogotá, diciembre 2 de 2021. Abrir el debate nacional en torno a cómo funciona el sistema de administración de justicia familiar, lograr una coordinación entre las diferentes instancias nacionales y distritales y, ante todo, trabajar en la prevención de las violencias intrafamiliares y contra la mujer fueron, entre otras, las conclusiones del foro Justicia de Familia, Retos y Perspectivas, organizado  por la Secretaría Distrital de Integración Social con el  propósito de generar reflexiones frente a la problemáticas que enfrentan hoy en día las familias a la hora de resolver sus conflictos y acceder a la justicia.

 

Así lo señaló el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Andrés Pachón tras calificar de positivo el balance de este evento intersectorial que reunió en un mismo espacio a la academia, al ministerio público, operadores de justicia, usuarios de comisarías de familia, entidades distritales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil y fuerza pública.

 

En su intervención, el funcionario de la Secretaría Integración Social reveló las siguientes cifras de 2020: 164.000 atenciones en comisarías relacionadas con medidas de protección, de las cuales 28.000 hacen referencia a violencia intrafamiliar y de estas 22.000 fueron de violencias contra las mujeres. “Estas cifras revelan uno de los más graves flagelos que afectan hoy en día a la sociedad en la que las voces de los niños, niñas, adolescentes y de las mujeres deben ser escuchadas por los operadores en los fallos que emiten”, enfatizó Pachón.

 

Ante este panorama, la Secretaria Distrital de la Mujer, Diana Rodríguez reconoció los avances en la ley, no obstante, abogó por mejoras en el acceso a la justicia y destacó la atención de las Casas de Justicia y la ruta integral que tienen establecidas para la atención de los casos que involucren a las mujeres y a su entorno familiar.

 

Otra realidad que viven las mujeres fue la planteada por la Secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán al afirmar que la dependencia económica de las mujeres las hace mucho más vulnerables frente a las violencias intrafamiliares. La funcionaria recordó el rol de cuidadora que tiene la mujer y su importancia en la reactivación económica del país.  

 

Por su parte, la Subdirectora para la Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, Omaira Orduz señaló que Bogotá está en proceso de construcción de la política pública del Sistema Distrital de Justicia y se abre la posibilidad de hacer parte de este proceso del que la justicia familiar tiene que tener toda la relevancia.

 

La funcionaria encargada de los temas de familia en Integración Social resaltó la importancia de la conformación de mesas técnicas intersectoriales con las diferentes temáticas como las de salud, de educación, de seguridad y convivencia, entre otras, para analizar desde las distintas miradas las problemáticas que rodean a la familia y su acceso a la justicia.

 

Por su parte, Iván Fajardo, presidente de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá señaló que el escenario de la familia es la célula básica de la sociedad, y la realidad de esta tiene que ver con el conflicto social. “Las actuaciones en la justicia   deben buscar el restablecimiento de los derechos de la familia con prevalencia los de los niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores y las mujeres”, precisó el presidente del máximo tribunal en asuntos de familia.

 

El magistrado Fajardo coincidió con los panelistas de las instituciones asistentes en que las Comisarias de Familia ejercen funciones jurisdiccionales y como tal sus procedimientos deben de estar en desarrollo de la administración de justicia.

 

Asimismo, los expositores de este evento intersectorial reclamaron un abordaje en la administración de  justicia con enfoques diferenciales, de género y étnico; cambios estructurales en los hogares y un acceso a servicios humanizados y cercanos, divulgación de las rutas existentes para atención de los usuarios de la justicia familiar, ampliación de la cobertura en el país de los defensores de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la destinación de los recursos necesario para mejorar las actuaciones en materia de justicia familiar.

 

Al foro asistieron usuarias de las Comisarías de Familia quienes en sus intervenciones reclamaron mayor agilidad en los procesos, cualificación y especialización de los equipos de trabajo e imparcialidad en las decisiones de los comisarios y, de ser necesario, repensar la figura de los comisarios, si estos organismos deben pertenecer al sector social o más bien al de justicia e incluso si siguen siendoparte del poder ejecutivo o mejor pasar a la rama judicial, tal como sucede en otros países.

 

Finalmente, los organizadores del evento reiteraron que estas reflexiones serán el punto de partida para diferentes espacios en los que se sumen más sectores de la sociedad civil y de la institucionalidad para dialogar en un tema vital de la familia, como célula principal de la sociedad. El debate quedó abierto, y es fundamental comenzar ese diálogo para mejorar la prevención de toda forma de violencias, la eficacia y prontitud del sistema judicial y la a garantía plena de la familia y los derechos de las generaciones futuras.

 

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