• La Secretaría Distrital de Integración Social y la Fiscalía General de la Nación fortalecen ruta de atención a víctimas.
• Este convenio se enmarca en el fortalecimiento y ampliación de las Comisarías de Familia que se incluye en el Plan de Desarrollo Distrital.
Bogotá, D.C., abril 13 de 2025. Ante el preocupante aumento de los casos de violencia en el contexto familiar y el riesgo feminicida en la ciudad, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Fiscalía General de la Nación firmaron un acuerdo estratégico para actuar de manera más rápida y coordinada en la protección de las víctimas.
El pacto, suscrito hoy en Bogotá, busca cerrar brechas institucionales, mejorar el flujo de información entre las Comisarías de Familia y la Fiscalía, y activar rutas urgentes para casos de alto riesgo. Uno de los principales avances será la creación de una ruta interinstitucional inmediata para mujeres en riesgo de feminicidio, con mecanismos claros para la intervención prioritaria. Además de una ruta especifica de atención para menores de edad.
“Desde nuestra labor diaria en las Comisarías de Familia, sabemos que detrás de cada caso hay una historia de miedo, de dolor, pero también de esperanza. Y es precisamente esa esperanza la que hoy renovamos con este acuerdo, la esperanza de que el Estado actúe con celeridad, con sensibilidad y con contundencia para proteger a quienes más lo necesitan”, aseguró Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social.
Entre las medidas destacadas están la transmisión segura y ágil de información entre entidades, la identificación y priorización de casos por incumplimiento de medidas de protección, el uso de la plataforma ‘Denuncia Fácil’ para remitir documentos probatorios y las mesas semestrales de evaluación, seguimiento y capacitación conjunta.
Desde la Fiscalía, se destacó que este trabajo conjunto fortalecerá los procesos de investigación y evitará la revictimización de quienes hoy dependen de una atención estatal efectiva.
“Celebramos este acuerdo porque nos permite trabajar articuladamente, a tiempo traspasando la información y conocimiento entre las instituciones para generar un mejor contexto investigativo y fortalecimiento en la atención a víctimas”, precisó Martha Andrea Romero, coordinadora Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años y será supervisado por equipos designados de ambas instituciones. Aunque no implica costos económicos directos, sí compromete una acción decidida y articulada para mejorar la atención a las víctimas de violencia en Bogotá.
